No se incrementarán beneficios con contenido económico, manifiesta
La Nueva Ley General de Trabajo (NLGT), atendiendo el contexto del país, de crecimiento, desarrollo y aumento de la inversión privada y pública, buscará promover relaciones laborales justas, sin restar competitividad, afirmó el presidente de la comisión de expertos encargados de revisar esta importante legislación, Carlos Blancas Bustamante. En efecto, el jurista junto con los exministros Alfonso de los Heros, Javier Neves, Mario Pasco, Jaime Zavala y el exviceministro de Trabajo, Alfredo Villavicencio, deberán presentar esta importante propuesta legal en el plazo de 60 días.
¿Qué justifica la norma?
–Existen dos razones que justifican la aprobación de una Ley General de Trabajo (LGT). La primera es eminentemente técnico-jurídica, y, la segunda, está relacionada con la inclusión social. Actualmente, el país cuenta con una legislación laboral, pero no con un código o ley general, lo cual significa que mientras en otros campos del Derecho existe un Código Civil, Código Penal o Ley General de Minería, que reúnen todas las normas de la materia, en lo laboral se tiene más de 100 normas dispersas, sobre vacaciones, remuneraciones o CTS, entre otras. En fin, un verdadero caos, y además éstas se dieron en diferentes épocas, con criterios distintos. La segunda razón está relacionada con los objetivos del Gobierno y es que no puede existir inclusión social sin inclusión laboral.
¿La inclusión social debe pasar por la inclusión laboral?
–Así es, decimos inclusión laboral porque en el Perú una gran parte de los trabajadores están marginados de los derechos laborales; más del 70% de la PEA está al margen de la protección social, sin acceso a sistemas de salud ni a una pensión futura, es decir, muchos están fuera del llamado trabajo decente, expresión acuñada por la OIT para exigir la creación del empleo con protección laboral. Aunque tampoco se trata de que los empleadores no tengan derechos porque ellos deben ejercer el poder de dirección en la empresa, pero con límites como son el respeto a los derechos de los trabajadores.
¿Apuestan por restablecer el equilibrio en estas relaciones?
–Sí, queremos una ley que recupere el equilibrio, que no incline la balanza a ninguno de los lados. Es que efectivamente en la legislación peruana, desde la época del fujimorismo en que se hicieron reformas bajo la idea de la flexibilización, se perdieron muchos derechos y el trabajador aún está desprotegido. Se rompió el equilibrio, inclinando la balanza hacia el lado de los empresarios con la idea de que eso iba a generar empleo, cosa que no ocurrió. Las estadísticas demuestran que quitaron derechos laborales, pero no se aumentó el empleo. Entonces, no está demostrado que a menor protección mayor empleo, como suelen decir los voceros del sector empresarial.
Sin embargo, ¿existirá mucha presión hacia su labor, porque ya empezaron las críticas y a tildar de colores a los miembros de esta comisión?
–La comisión es bastante equilibrada si queremos ver quienes están más cercanos a las empresas o trabajadores. Hay tres distinguidos abogados asesores de empresas y también tres personas que por experiencia hemos estado más cercanos a la actividad sindical. Sin embargo, eso no será un obstáculo porque tengo la absoluta convicción de que ninguno vendrá a representar intereses ni mandatos de nadie, sino que habrá un consenso muy alto. Nuestra labor será eminentemente técnica, con la única exigencia de elaborar una ley que sea equilibrada, para traer justicia y estabilidad a las relaciones laborales.
El país debe tener la seguridad de que no les vamos a defraudar, como tampoco lo haremos a los trabajadores, empresarios y todos los que están interesados en el desarrollo de este proyecto. Les podemos garantizar que vamos a laborar intensamente para que dentro de los plazos establecidos se pueda entregar al Gobierno un proyecto, debidamente actualizado, que le permita al país tener una ley como instrumento de justicia y de inclusión social.
La ley general tendrá efectos sobre los regímenes especiales
¿Qué aspectos contendrá la LGT?
–Incluye todas las materias del derecho laboral, es decir, desde la contratación, pasando por todos los derechos individuales hasta el término del contrato. Luego, la parte del derecho colectivo con la libertad sindical, derecho de negociación colectiva y huelga. Ahora bien, los regímenes especiales en principio no estarán comprendidos porque si lo integramos ya no tendríamos una LGT sino un código. Tampoco lo hacemos por razones de tiempo, porque son algo así de 10 o 12, pero cuando iniciemos el trabajo veremos la posibilidad de realizar una revisión ulterior e integral. Pero hay algo que debo señalar, los regímenes especiales no están totalmente separados del régimen general. Por ejemplo, en el régimen especial laboral agrario en vez de otorgar 30 días de vacaciones se dan 15, que es por norma especial, pero el concepto de cuándo y cómo se adquiere el derecho está en la ley general. Igual, los principios generales como la irrenunciabilidad de derechos también está en la parte general. En realidad, la ley general sirve también para los regímenes especiales.
Muchos siempre cuestionan que legisle solo para un tercio de los trabajadores y lo aconsejable sería abordar la informalidad laboral. ¿Eso es correcto?
–En realidad, ninguna ley como tal va a generar empleo, no hay manera de que así sea; el empleo se genera con base en la inversión, lo que se debe tratar es que la ley no sea tan rígida como para impedir la contratación. Lo que sucede es que este es el marco en que deben estar todos los trabajadores. Por eso, cuándo se pide flexibilizar, la pregunta sería hasta dónde. Por ejemplo, hay una gran informalidad en el país que no solo es laboral, sino también tributaria, administrativa o financiera. Hay una informalidad generalizada. Hay algunos que dicen que las normas son muy rígidas, entonces, vamos a ponernos en el otro extremo de que si eliminamos todas las normas, entonces todos somos formales, para que nadie lo sea, eso es absurdo. Se han dado normas especiales para el régimen de la micro y pequeña empresa, que se ha reducido prácticamente todo a la mitad. Entonces, pregunto ¿las mype se han formalizado?, pues no. No se puede crear empleo bajo la premisa de que el empleo a crear sea precario.
Respetaremos los consensos
¿Cuál es el plan de trabajo que realizará este grupo?
–En realidad somos una comisión revisora porque el proyecto de LGT ya existe, no lo vamos a crear como sí tuvimos que hacerlo en 2002. Tenemos la intención de respetar los consensos establecidos en alrededor de un 80% de los artículos, solo podremos hacerles algunos ajustes técnicos de redacción o de concordancia entre una norma y otra, pero la idea es que la esencia del acuerdo se mantenga. En realidad, vamos a trabajar sobre dos temas, lo que está pendiente, es decir, aquellos puntos no consensuados; y, luego algunos temas nuevos que en estos 10 años han ido apareciendo o se han regulado de otra forma, como por ejemplo todo el tema de la tercerización que estaba muy poco tratado, también todo el tema del acoso moral en los centros de trabajo; y, lógicamente, revisar esos tres o cinco temas de discrepancia que quedaron pendientes, pero repito siempre buscando el equilibrio.
¿Una apuesta por relaciones laborales justas?
–En efecto, la idea ahora es que atendiendo al contexto actual del país, que es de crecimiento, desarrollo, aumento de la inversión privada y pública que se debe conservar y estimular, promover también relaciones laborales justas.
¿Acabarán en 60 días?
–Dado el poco tiempo que tenemos y la amplitud del proyecto, vamos a repetir la experiencia anterior, es decir, vamos a distribuir los grandes temas entre los miembros de la comisión para que cada uno revise su parte y luego en sesiones de trabajo lo discutimos entre todos. Esa es la idea.
No aumentarán los beneficios
Existe el temor de que esta norma pueda restar competitividad y aumentar los sobrecostos laboral. ¿Esto se justifica?
–En el proyecto de LGT que se hizo en 2002 ningún beneficio laboral existente y con contenido económico, como las gratificaciones, vacaciones, CTS, asignación familiar, fue modificado ni aumentado. Es decir, fueron incorporados a la LGT en los términos en que estaban, pero lo que no se puede es bajar esos beneficios, porque eso obviamente sería inaceptable. Ya no estaríamos restaurando el equilibrio sino peor, ya no sería un instrumento de inclusión sino de exclusión. Y eso es el criterio que vamos a mantener.
Diario Peruano (20/09/2011)
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