El Perú ha tenido muchas normas universitarias en la última centuria, no obstante han contribuido muy poco en perfilar un orden académico previsible y eficiente en la enseñanza superior.
Han sido memorables la Ley Nº 4004, que permitió la intervención estudiantil a través del cogobierno; esta se dio cuando el Perú tenía cuatro universidades y poco más de 1,000 estudiantes. Otro momento de debate lo generó el Estatuto General de la Universidad Peruana, que creó el Conup en 1972, pugnando por superar el sistema de facultad y sustituirlo por el sistema departamental mediante la intervención del gobierno militar. La Ley Universitaria Nº 23733, con aportes de Luis Alberto Sánchez, buscó enmendar los excesos del estatuto y establecer un cogobierno moderado; la norma sobrerregulaba las universidades, estableciendo hasta su número: 33 (la mayoría eran públicas), sin prever la demanda que sufrirían éstas –que no alcanzaban los 100,000 alumnos– y colocando al Estado como rector de todas. Hoy requerimos una nueva ley que recoja el nuevo contexto: hay más de 130 universidades, cerca de medio millón de universitarios, hay más universidades privadas que públicas, hay nuevas formas de enseñanza; la ANR y el Conafu deben pugnar por orientar a vincular la universidad con la investigación, con la productividad y con el bienestar de los peruanos en un mundo global.
La Ley Nº 23733 fue una reforma al estatuto de 1972; una nueva norma debe superar la visión estática y local del conocimiento, creando una Ley de Bases de la Universidad: consensuada, flexible y actual. Que exija acreditación, como un mecanismo que asegure la investigación científica, estimule la titulación con tesis, impulse con rigor el posgrado, mejore la gestión, democratice las decisiones en función de objetivos académicos y que las haga competitivas a escala mundial –ninguna universidad peruana está en el ranking de las 1,000 mejores universidades del mundo–, como base del desarrollo del país.
Diario El Peruano (09/07/2013)
