Para no perjudicar más al público litigante, los trabajadores y la alta dirección del Poder Judicial acordaron la suspensión de la paralización de labores que afectó durante más de 40 días el servicio de impartición de justicia a escala nacional.
Los aspectos sustanciales del acuerdo se centran básicamente en la implementación inmediata de un cronograma de recuperación de horas dejadas de laborar conforme a la directiva que aprobará el Poder Judicial.
Trascendió que dicha resolución contempla el desarrollo de labores durante los sábados, y la ratificación por parte de este poder del Estado de la necesidad de que defina un estatuto laboral del trabajador del Poder Judicial, que lo exceptúe de la Ley del Servicio Civil conforme fuera señalado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, enfatizó que “con la suspensión de las medidas de fuerza el Congreso de la República podrá debatir la iniciativa legislativa que propone una ley de carrera del servidor judicial, con meritocracia y evaluación, pero articulada con el respeto absoluto a los principios elementales de la función jurisdiccional”.
Sobre el particular, la autoridad remarcó la voluntad mayoritaria del Poder Legislativo de tratar la citada iniciativa, tal cual expresaron públicamente diversos congresistas una vez suspendida la paralización.
Las partes esperan que en un período de 90 días el Ejecutivo y Legislativo actúen como corresponde, pues la problemática no se ha solucionado.
Trascendió que la dirigencia gremial de trabajadores de este poder del Estado decidió que todos los trabajadores jurisdiccionales y administrativos regresen a sus centro de labores el lunes 12, poniéndole fin a la huelga que se inició el pasado 25 de marzo.
Lima Este
La Corte de Lima Este, que empezó sus labores el último lunes, tiene proyectado recibir este año en sus juzgados especializados una carga procesal de 29,221 casos en materia penal.
En los tipos de delitos que registran más crecimiento en esta corte se encuentran: abuso sexual, microcomercialización de drogas, usurpación, robo agravado, hurto, asesinato, feminicidio, proxenetismo, parricidio y homicidio, entre otros.
En materia de familia, San Juan de Lurigancho alcanzará 8,465 casos; Ate, 6,706; El Agustino, 2,206; La Molina y Cieneguilla, 2,118; y Santa Anita, 1,755.
Diario El Peruano (10/05/2014)