En semanas recientes se han producido protestas en contra de proyectos mineros en distintas regiones del país. Para aquellos que seguimos de cerca la economía, dada la relevancia del sector en el desempeño económico del país, esto ha hecho sonar campanas de alerta.
Somos los productores más grandes de plata en el mundo, segundos en zinc y cobre, terceros en estaño, cuartos en plomo y sextos en oro. Más del 60% de nuestras exportaciones y casi el 20% de los ingresos corrientes del sector público provienen directamente de la minería, y la participación de la minería es bastante mayor si consideramos sus eslabonamientos con sectores como construcción y manufactura. Casi el 60% de la inversión esperada en grandes proyectos para el próximo trienio proviene de minería e hidrocarburos, los que, de cumplirse, permitirían, por lo menos, duplicar la producción de cobre al 2020. Un cálculo grueso nos sugiere que más de un tercio del crecimiento del PBI esperado para el próximo quinquenio proviene de la inversión del sector minero. Es decir, sin inversión minera, el crecimiento económico se resentiría significativamente, sumado a los menores recursos fiscales para gasto social, incluso también en regiones mineras en situación de pobreza extrema. Tratemos, entonces, de entender por qué la oposición a ciertos proyectos.
De un lado, hay preocupaciones legítimas de parte de las poblaciones aledañas sobre posibles impactos ambientales, en particular sobre recursos hídricos, si bien en parte por desinformación. Los estudios de impacto ambiental (EIA) y las rondas de consultas con la población, que son parte del proceso para la concesión de permisos, están orientados a formular los mecanismos de amortiguación, determinar las necesidades de compensaciones, y acordar y difundir entre la población las características de los proyectos. Sorprende, por tanto, que de pronto surja tanta oposición a proyectos formulados cumpliendo todos los procedimientos, y más, como el caso de Minas Conga en Cajamarca.
Parte de la explicación radica en las expectativas antimineras que el propio partido de gobierno generó durante la campaña electoral. Pero, sobre todo, está la oposición de grupos que defienden intereses específicos, incluyendo, en algunos casos, autoridades regionales que lejos de convertirse en vías para el diálogo, cumplen el rol opuesto, en esto sumándose además congresistas del propio partido de gobierno. Son estos mismos gobiernos, aquellos que en el último quinquenio han ejecutado menos del 60% de los recursos de canon asignados para gastos de inversión en sus regiones, privando a sus poblaciones del beneficio directo de los recursos obtenidos por la actividad minera.
El gobierno nacional enfrenta un duro reto, en parte heredado, pero la fórmula del diálogo, bajo una posición firme de «agua y oro», es decir, la necesidad de conciliar la minería con el medio ambiente, es la correcta. Adicionalmente, la intención de reformular las reglas de asignación del canon, de manera de lograr un uso más equitativo y efectivo de los recursos entre regiones, es un paso adelante, si bien lograr cambios es muy complicado. Hacia adelante, una estrategia articulada de comunicación sobre los beneficios derivados de la minería, fortalecer aún más la formulación y difusión de los EIA, y esfuerzos de lucha contra la minería informal, deberían también ayudar a generar confianza en una minería responsable y sostenible, y a posicionar al Gobierno como un ente decisorio imparcial y confiable.
Diario Gestión (28.11.2011)