El gran debate sobre los sistemas previsionales de ahorro está por abrirse en los próximos días, cuando el Ejecutivo presente ante el Congreso su propuesta de reforma del sistema de pensiones en el Perú. En ese momento nos enfrentaremos a una cruda realidad: de 16 millones de población económicamente activa (PEA) solo 5 millones pertenecen a algunos de los sistemas: privado (SPP) y público (ONP).
El modelo de bienestar social, por el cual se trata de garantizar –al momento de enfrentar la jubilación– una pensión digna a los trabajadores que pudieron disfrutar de un trabajo formal, se ha complementado ya hace 20 años con la aparición de las AFP, que sin duda alguna aparecen como una alternativa a las políticas de ahorro previsional y, a su vez, dinamizan los mercados de capitales, gracias a los fondos que gestionan.
Pero el gran problema de fondo subyace en nuestra realidad socioeconómica: la parte formal de nuestra economía es incapaz de absorber a esta proporción de la PEA (9 millones) que prefiere realizar sus actividades económicas en la informalidad, generando sus propios activos, que generen los flujos futuros de rentas, con las cuales atender sus necesidades cuando esta masa laboral se “autojubile”.
Las decisiones de ahorro del sector empresarial informal y de sus gestores están dando sus resultados y al parecer, en el análisis costo-beneficio, es más rentable mantenerse en la informalidad. Para lograr revertir esta situación es necesario que el Estado elimine las inequidades del sistema público de pensiones y, por otro lado, el sistema privado de pensiones (SPP) pueda “democratizar” los fondos que gestionan, dirigiéndolas a financiar los proyectos de las miles de mypes. De esta forma estas podrían ver mayores beneficios en la formalización. Sin estos cambios, veo un estancamiento o un muy lento crecimiento en el desarrollo futuro del SPP en el Perú.
Diario La República (12.03.2012)
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