El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Siplafit), así como la declaración jurada de origen de fondos, son dos herramientas útiles que las empresas deben utilizar para evitar involucrarse en esos delitos.
El primero es el sistema contra el lavado de activos y del financiamiento del terrorismo o el sistema antilavado que la ley obliga a las compañías y negocios dedicados a determinadas actividades económicas, fijadas por cada país de acuerdo con sus normas internas, sostuvo el experto Aldo Vegas Urrutia.
Por lo tanto, resulta importante la instalación dentro de las empresas del Siplafit, con todos sus componentes, mecanismos, procedimientos y controles que les permitan ser alertados ante la posibilidad de realizar un mal negocio y luego comunicar ello a la autoridad respectiva.
Este sistema también tiene como uno de sus componentes al oficial de cumplimiento cuya misión es evitar la ejecución de operaciones sospechosas y, de ser el caso, comunicar éstas a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, explicó el experto, quien además es consultor del Estudio Muñiz.
Para las empresas, de igual modo, resultará importante contar con registros especiales de operaciones, así como tener un manual y código de conducta sobre la prevención de dichos ilícitos, obligándose a todo aquel que labora en la empresa o negocio a cumplir con ellos, entre otros.
Declaración jurada
Otra práctica muy usada actualmente para minimizar la responsabilidad en estos casos es la suscripción de una declaración jurada de origen de fondos. Así, la firma de este documento por un cliente y ha pedido de la persona jurídica que recibirá dinero demostrará que ésta ha tomado el máximo de medidas para minimizar el riesgo de involucrarse con alguien que está haciendo operaciones de lavado de activos.
De esta manera, quien se acerque a una empresa bajo juramento deberá declarar que el dinero o el activo que está entregando proviene de una actividad lícita. “Si suscribe la declaración y en la investigación se descubre algo en contrario, la empresa puede minimizar su responsabilidad”, refirió.
2,500 millones de dólares es el monto estimado que ingresa anualmente en el sistema económico del Perú.
Penalización de los delitos
El consultor sobre riesgos en lavado de activos, Aldo Vegas Urrutia, explicó que el delito de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en una empresa es castigado hasta con 25 años de prisión efectiva y la imposición de severas multas a favor del Estado y/o a los terceros afectados con esta acción.
Sin embargo, detalló que en la práctica muchas veces los castigos resultan risibles y se hace difícil la imposición del pago de la reparación civil pues casi todos los bienes del criminal están a nombre de terceros que la autoridad desconoce.
Diario El Peruano (15/04/2013)
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