El costo y tiempo empleado por los fiscalizadores es el problema del embargo del patrimonio de gerentes

El costo de oportunidad es generado por los procesos largos y “no automáticos” que implica la atribución de responsabilidad solidaria. El uso de la medida, y el “efecto psicológico” que implica, reducirían la deuda coactiva hasta en un 10% en los próximos dos años, sostuvo Walker Villanueva, abogado tributarista.

La reciente campaña de la Sunat de atribución de responsabilidad solidaria de los gerentes es una medida positiva por el “efecto psicológico” que genera en los representantes legales de las compañías para la vigilancia futura más estricta en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Así lo asegura Walker Villanueva, abogado tributarista del Estudio Ferrero.

Pero –sostiene Villanueva– dado que para llegar al embargo del patrimonio del gerente se debe comprobar su dolo o negligencia en el pago de los tributos, y sumado a la posibilidad de que el responsable ejerza su derecho de defensa, constituyen un costo de oportunidad para los fiscalizadores que haría ineficiente la implementación de la medida.

“El gran problema de usar este tipo de medida es el costo de oportunidad de los fiscalizadores, es decir, el tiempo y costo que les implicaría dedicarse a los temas de responsabilidad solidaria, sabiendo que no son automáticos, cuando hay una gran cantidad de contribuyentes que normalmente generan una recaudación efectiva, donde se sabe que en esos casos necesariamente el fisco va a encontrar montos por recaudar”, señala.

Explica que el proceso de fiscalización, donde los gerentes tienen la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y demostrar que no se ha actuado con negligencia o con dolo, puede tomar, de acuerdo a Ley, hasta 12 meses.

“Aunque, dado que en este caso solo se discutiría la responsabilidad solidaria, una fiscalización de esta naturaleza puede tomar entre dos a tres meses”, refiere.

Expectativas

Villanueva indica que con la medida, la Sunat se enfocará en recuperar el grueso de la deuda que tenga en cobranza coactiva, y se esperaría que dentro de uno a dos años, y de acuerdo a la experiencia previa en la implementación de la responsabilidad solidaria, hasta un 10% sea cobrado de dicha cartera de deuda.

“La campaña es positiva, sobre todo si se está estructurando a través de requerimientos y de comunicados iniciales, que buscan que se tome conciencia y que sean más rigurosos en el control de pago de tributos”, comenta.

“Es un buen mecanismo del Estado, por un tema de garantía de deuda y por educación y cultura, pues ahora los gerentes sabrán que pueden estar expuestos a una eventual responsabilidad solidaria”, agrega.

Por último, Villanueva indicó que la campaña tendrá efectos eficaces de recaudación para las medianas y pequeñas empresas, pues son ellas las que carecen de asesorías y de mayor conocimiento sobre el cumplimiento de los tributos.

Diario Gestión (07.11.2012)