La decisión del Ejecutivo de no incluir, dentro de los cambios tributarios que está proponiendo, aumentos de las tasas del Impuesto a la Renta (IR) de Cuarta y Quinta categoría (rentas por trabajo) va en la dirección correcta, si lo que se busca es aumentar la base tributaria y no la carga de los que ya tributan. Además, gravar más a las remuneraciones no resultaría coherente con el reciente aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) que, según se argumentó, busca aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Las modificaciones que está planteando el Ejecutivo enfatizan la ampliación de la base tributaria a través la lucha contra la evasión y la elusión con el objetivo de aumentar la presión tributaria (a 18% del PBI en el 2016). El actual contexto económico internacional precario (donde es muy probable que no se sostengan los altos precios de los metales que se han tenido en la última década, e incluso pueden caer sustancialmente) obliga a tomar medidas que eviten una pérdida importante de ingresos tributarios. Más aún si estos ayudan a financiar un gasto público permanente que ha crecido varias veces más que los ingresos (el gasto corriente creció 260% en los últimos 10 años). Sin embargo, los cambios deben buscar mayor equidad en el sistema tributario.
Llama la atención algunas ausencias en la propuesta del Ejecutivo. Por ejemplo, por qué no eliminar exoneraciones tributarias que significan más de S/. 6,700 millones (1.5% del PBI) que se dejan de recaudar y que en muchos casos no benefician a los que se pretende; o, por qué no enfatizar más en medidas para incorporar a las empresas y actividades informales.
Por otro lado, también habría que racionalizar el gasto público sobre todo el gasto corriente, hacer un seguimiento de la ejecución del gasto en general y evaluar la calidad y resultados del mismo en todos los niveles del estado (nacional, regional y local). Asimismo, evitar seguir aumentando el gasto corriente permanente (sobre todo sueldos) con ingresos extraordinarios provenientes del boom minero.
El problema es que, desde hace unos 15 años, las decisiones políticas necesarias para llevar adelante una reforma fiscal importante, y otras reformas pendientes, se han visto obstaculizadas por el factor político. En ese período el país ha estado caminando en un terreno en el que la correlación de fuerzas políticas y sociales ha puesto en jaque al gobierno central. Ello pone en riesgo el diseño y ejecución de la política económica y, por lo tanto, la estabilidad económica misma.
Diario Gestión (13.06.2012)
El comentario indica: «….también habría que racionalizar el gasto público sobre todo el gasto corriente, hacer un seguimiento de la ejecución del gasto en general y evaluar la calidad y resultados del mismo en todos los niveles del estado (nacional, regional y local)….»
En busca de este objetivo, se ha llegado a la explotación de miles de peruanos por el Propio Estado.
Que se den los nombramientos, que se sinceren las planillas del estado, que exista un sistema Unico de Remuneraciones, hoy en día, no se sabe cuanto ganan en cada sector, cada entidad del estado del Gobierno central tiene una escala de haberes, los Gobiernos Regionales pagan segun la categorización que se hace por pagar favores políticos, ya no hay carrera administrativa.
Cuando cambian a un Director Regional de cualquier sector (Educación, Agricultura, Transportes, etc.) lleva su «GENTE DE CONFIANZA», (un administrador, un tesorero, y un jefe de logística, para amarrar compras y cobrar la comisión), un Jefe de Personal (para colocar su gente y porque no vender las plazas de contrato), y lleva toda clase de gente que a veces solo son «ASESORES» sin cargo pero con sueldazos.
Basta ya, que vuelva la carrera administrativa y se respete las categorías y ascensos por concurso interno, y las plazas que quedan vacantes, son conovocadas publicamente.
Esta también debe ser una propuesta del Gobierno, guerra a la corrupción generalizada en la Administración Pública.