A inicios de 2013, la Defensoría del Pueblo recibió varias quejas por la demora en la redistribución de más de 8,000 expedientes hacia los juzgados laborales transitorios de Lima.
Tal situación revelaba la inadecuada aplicación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo en la Corte de Lima, en cuanto al inicio efectivo de labores de los nuevos órganos jurisdiccionales competentes.
En ese marco, se verificó que el problema radicaba en la insuficiencia de personal disponible, teniéndose un 36.95% de avance y un retraso de aproximadamente un mes. Además, se comprobó el malestar de los litigantes, a quienes –sin explicación– se les pedía regresar en 30 días. Ante ello, se recomendó al presidente de dicha corte adoptar medidas para superar la situación.
En respuesta, la entidad asignó hasta 20 servidores de apoyo exclusivo y monitoreado. Con la redistribución en progreso, se corroboró el retraso en 280 expedientes por omisiones de foliado desde los órganos jurisdiccionales de origen. Por último, se verificó que la tarea de la Central de Distribución General de la Corte Superior de Justicia de Lima se había completado satisfactoriamente.
Diario El Peruano (26/04/2013)
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