El discurso presidencial de 28 de julio trajo más de una preocupación en los círculos empresariales, particularmente por el anuncio sobre la nueva política laboral.
El ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, ha adelantado que se formará una comisión de expertos que evaluará la vigencia de la Ley General del Trabajo para actualizar sus disposiciones a la realidad económica del país, pues el proyecto es del 2003.
El escenario en que se elaboró el proyecto de esa ley es claramente distinto del actual. En ese momento salíamos de una dictadura y afrontábamos una dura recesión de cuatro años.
Actualmente hemos tomado un camino de desarrollo y los actores sociales han comprendido que las inversiones privadas son la vía principal para el crecimiento y mejora de la calidad de vida de los trabajadores.
Sin embargo, esta “actualización” del proyecto de la Ley General del Trabajo podría ser ensombrecida por el retorno a políticas laborales de los años ochenta. Me refiero a la influencia que podrían tener el “espíritu y principios” de la Constitución de 1979 sobre las nuevas normas laborales.
Dicha Constitución contenía en su parte laboral precisas disposiciones que generaban un escenario de clara sobreprotección para los trabajadores, consagrando expresamente la estabilidad laboral absoluta, la prescripción de 15 años para el reclamo de acreencias laborales, el derecho a la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas privadas, la fuerza de ley de los convenios colectivos de trabajo y la retroactividad de las normas laborales, entre otras del mismo tenor.
No cabe duda de que esta influencia significaría retroceder treinta años en materia de políticas laborales, desincentivando las inversiones y el crecimiento, generando un escenario de clara sobreprotección y desequilibrio en las relaciones de trabajo y fomentando la informalidad. Este tipo de regulaciones incrementaría la brecha que existe entre un 25% de trabajadores “con beneficios” y un 75% que presta servicios en la informalidad, situación que no podrá ser revertida si las políticas laborales continúan elevando la valla de la formalidad.
Solo el futuro nos podrá develar si la alusión presidencial al “espíritu y principios” de la Constitución de 1979 fue una declaración lírica y principista o si estamos ante un nefasto intento de retroceso en políticas laborales.
[*] Socio de Gálvez & Dolorier Abogados
Diario El Comercio (11.08.2011)
